# 64

Guatemala: la lucha contra la violencia machista

Mujeres

El problema de la violencia machista en Guatemala

Derechos

El acceso a la justicia para las mujeres guatemaltecas

Mujeres

AMLUDI, mujeres luchando contra la violencia machista

Mujeres

El servicio de atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia machista

La República de Guatemala se sitúa en Centroamérica, con 14.901.286 habitantes, el 51.5% de las cuáles son mujeres y el 48.5% de los cuáles son hombres. Es un país multicultural y plurilingüe, con 25 grupos culturales presentes en el territorio nacional, agrupados en 4 grandes Pueblos: garífuna, ladino, maya y xinca. De los 4 grandes pueblos, 3 son considerados indígenas, aglutinando al 43.66% de la población del país según el censo de 2018., mientras que el 56.01% se autoidentifica como ladino o mestizo y el resto como afrodescendiente/creole o extranjero. Entre los pueblos indígenas, el maya es el más grande (41.66% de la población), con 22 etnias e idiomas diferentes.

Sololá es un departamento de población mayoritariamente indígena con un 99% de la población de Sololá que se auto-identifica como indígena, frente al 43.66% a nivel nacional. La población es mayoritariamente indígena en las zonas rurales, de las etnias maya-kaqchikel, maya-tzutuhil y, en menor medida, maya-k’iche’. Al mismo tiempo, es uno de departamentos más pobres del país, donde la desnutrición crónica en niñas y niños alcanza el 60% en promedio departamental. Esto responde de nuevo a la inequidad en el país, que sitúa a la población indígena como la más excluida y pobre, dándose una correlación de factores que intervienen en la interseccionalidad de las exclusiones en el área: género, etnia y clase social. Factores vertebran la realidad de la sociedad guatemalteca, articulada por patrones racistas, sexistas y clasistas.

El índice de desigualdad de género de Guatemala para 2017 se situaba en 0.493, lo que significa una exclusión significativa hacia las mujeres en cuanto a su acceso a servicios de todo tipo así como en el ejercicio de sus derechos y ciudadanía plena.

Artículos en este número...

  • 1
    El problema de la violencia machista en Guatemala
  • 2
    El acceso a la justicia para las mujeres guatemaltecas
  • 3
    AMLUDI, mujeres luchando contra la violencia machista
  • 4
    El servicio de atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia machista

El asesinato de mujeres, forma extrema de violencia de género, es un problema de primer orden en Guatemala, que está entre los 3 países con mayores tasas de femicidio del mundo. El país cerró el año 2019 con un promedio de 9.8 homicidios diarios, cuyas causas son múltiples. Entre las cifras de homicidios, el femicidio representa un porcentaje atroz. En 2018, se registraron 3.881 homicidios, de los cuales 794 correspondieron a asesinatos de mujeres, un promedio de 2 muertes violentas de mujeres al día. Entre enero y agosto de 2019, últimos datos disponibles a febrero de 2020, se reportaron 401 asesinatos de mujeres. El Ministerio Público, en su Observatorio de las Mujeres, reporta 4 mujeres desaparecidas al día en 20195.

El 45% de los femicidios son contra mujeres jóvenes, entre 18 y 34 años de edad. En estos crímenes, destaca el ensañamiento, siendo frecuentes los desmembramientos, mutilaciones, ahogamientos y otras formas de asesinato atroz que provocan sufrimiento extremo en la víctima antes de morir. La tasa de femicidios no solo no desciende, sino que ha aumentado en los últimos años, mostrando que sus causas son muchos más profundas que la violencia común y hunden sus raíces en el patriarcado. El índice de impunidad es alarmante. Además, en Guatemala se registran 22 violaciones sexuales al día, principalmente con mujeres y niñas como sobrevivientes. El delito de violación, del que son sobrevivientes las niñas entre 5 a 16 años, principalmente, es el menos denunciado por la connotación cultural y de rechazo que implica para las mujeres a lo largo de sus vidas y porque se da dentro del ámbito familiar. La impunidad en este tipo de delitos es del 90%, de acuerdo al Sistema de Medición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2015). Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR6, en 2019 se reportaron 114.858 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, de los cuales 326 corresponde a niñas de 10, 11 y 12 años de edad. En 2019 se registró un aumento de más de 30.000 casos de embarazo entre los 10 y 19 años respecto al año 2018.

En el departamento de Sololá, entre enero y agosto de 2019 se registraron 2.065 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, 4 de ellos correspondientes a niñas de 10 años de edad, siendo la cifra más elevada a nivel nacional. La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), realizada en 2008 también contiene una cifra reveladora: el 30% de las mujeres encuestadas a nivel nacional que tuvieron relaciones sexuales antes de los 13 años, las habían tenido con un familiar. El código penal tipifica como delito de violación toda relación sexual con una niña menor de 14 años y por lo tanto estos casos deberían corresponder a otros tantos procesos legales abiertos. Sin embargo, esto escasamente ocurre.

La violencia de género en Guatemala comienza a muy temprana edad, debido, en parte, a la temprana edad de las uniones de parejas, empujada por los embarazos a temprana edad antes mencionados (a pesar de que desde 2015 se prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, tanto para chicas como para chicos). Según datos de la Política Nacional de Prevención del Delito 2014-2034, los delitos de los que las mujeres adultas y jóvenes son víctima se distribuyen de la siguiente forma: violencia intrafamiliar 46%, lesiones 20%, violación sexual 17%, homicidio 17%. Además, las mujeres sobrevivientes de violencia machista en la zona se dedican principalmente a tareas del hogar no remuneradas, lo que les dificulta tomar la decisión de cortar la relación con una pareja agresora. No obstante, estas cifras no recogen la totalidad de las víctimas: muchos casos se quedan en el nivel de los Juzgados de Paz y muchísimos no son denunciados ante ninguna instancia.

En conclusión, la violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en el ámbito intrafamiliar, es uno de los problemas sociales que más afecta a Guatemala en general y al departamento de Sololá en particular.

Teniendo en cuenta que, según datos de la ONU de 2013, la incidencia de la violencia de género se sitúa en un 35% de la población mundial de mujeres, de los 8.270,857 de mujeres guatemaltecas, más de 2,000.000 habría sufrido algún tipo de violencia de género. En los últimos años, solo alrededor de 60,000 mujeres sobrevivientes de violencia denuncian éstos delitos anualmente, lo cual representaría solo el 0.47% de la población de mujeres, muy por debajo de las estadísticas globales. Esto se debe a los siguientes factores:

  • Falta de información: desconocimiento por parte de las mujeres de los derechos, instituciones e instrumentos legales que les asisten.
  • Condicionantes de género: dependencia económica, patrimonial y emocional de las mujeres respecto a sus parejas, que representan el mayor porcentaje de victimarios. Además, una cultura que tiende a normalizar la violencia de género carga a las sobrevivientes con el estigma de la culpabilidad; y el temor a las represalias desalienta las denuncias.
  • Inequidad en el tratamiento de la violencia de género por parte de instituciones de seguridad y justicia: las mujeres frecuentemente son revictimizadas e incluso sufren burla al presentar denuncias. En el caso de las mujeres indígenas, a esto se suma la discriminación cultural y lingüística, que utiliza el español como idioma único, no cumpliendo con su obligación de atender en el idioma de cada persona. En el área de intervención, se destaca la escasez de sedes y de personal de seguridad y justicia, que da lugar a una sobrecarga de trabajo en las instituciones. La falta de sensibilidad y formación del funcionariado hacia el tema también da lugar a deficientes procedimientos de atención y revictimización de las mujeres.
  • Burocracia y privatización: el carácter extremadamente burocrático del sistema de justicia guatemalteco provoca que los servicios de abogacía privada sean prácticamente imprescindibles, requiriendo del esfuerzo de la persona que denuncia para dar continuidad a las fases. Los honorarios de estos y estas profesionales son muy elevados impidiendo a muchas mujeres acceder a ellos. Además, los excesivos desplazamientos que deben enfrentar las mujeres de las áreas rurales para interponer una denuncia, generan costos elevados de movilización y mucha ocupación de tiempo.

Aunque desde 2008 la ley guatemalteca tipifica el femicidio como crimen y desde ese momento se han intensificado esfuerzos para fomentar la cultura de denuncia y aplicación de esta ley; el acceso a la justicia en Guatemala es uno de los problemas más graves que afectan a los derechos de las mujeres. Las mujeres, y muy especialmente las sobrevivientes de violencia machista, tienen dificultades para acceder a todo tipo de servicios y especialmente legales: la desinformación a causa de su aislamiento, la baja autoestima y la estigmatización de sus familias, comunidades y sociedad en general por el hecho de haber sido víctimas de violencia y en muchos casos haber denunciado a sus agresores, interpretándose esto como una afrenta al honor de éstos y a sus familias.

AMLUDI, asociación de mujeres kaqchikeles de base, inició su trabajo a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres en San Lucas Tolimán (departamento de Sololá) en 1994, como un conjunto de organizaciones comunitarias sin personería jurídica. Se conformó una red de organizaciones comunitarias de mujeres con representantes de 16 comunidades, que eligió una junta directiva.

En 2008, con apoyo de Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional, se constituyó legalmente la Asociación AMLUDI, fortaleciendo el trabajo que venían realizando las mujeres con financiación externa y contratación de profesionales. La atención integral a mujeres víctimas de violencia forma parte del Plan Estratégico de AMLUDI y es una de sus principales actividades. También desde 2008 AMLUDI forma parte de la REDAV realizando acciones de derivación de mujeres víctimas de violencia hacia las instituciones de justicia que conforman la Red para agilizar la ruta crítica de denuncia y recibiendo derivaciones de otras instituciones para atender a mujeres víctimas en el centro de atención integral. Además, AMLUDI se ha articulado con otras ONGs como CALDH, PAMI y ANH para realizar acciones de formación e incidencia.

El promedio de casos de mujeres atendidas por AMLUDI en las diferentes áreas (médica, legal, psicológica y social) es de 40 anuales. Fruto de esta experiencia, AMLUDI cuenta con metodologías e instrumentos de trabajo desarrollados como materiales sobre la ruta crítica de atención a la violencia intrafamiliar y cuadernos formativos para promotoras comunitarias.

El servicio de atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia machista gestionado por AMLUDI, se encuentra situado en el Parcelamiento Pampojilá, una comunidad rural del municipio de San Lucas Tolimán en Sololá. Es el único centro de esta naturaleza ubicado en la cuenca sur del lago Atitlán y da cobertura a todas las mujeres de esa zona que demanden el servicio. La procedencia más frecuente de las mujeres atendidas son los municipios de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán. Eventualmente, el centro de atención y protección integral atiende a mujeres de otros municipios que demandan el servicio.

Comenzó a funcionar en 2008 y desde entonces, ha estado abierto de manera ininterrumpida y ha atendido a un aproximado de 1.100 mujeres, de las cuales entre el 60% y 70% han realizado procesos legales para ejercer sus derechos (demanda de pensión alimenticia, principalmente) y para castigar penalmente a los agresores. Solo entre 2015 y agosto de 2019, el servicio de atención de AMLUDI realizó 476 acciones legales en defensa de los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia machista, en su mayoría ligados a violencia económica.

Entre 2008 y 2014, el servicio de AMLUDI puso en marcha un sistema de promotoras legales comunitarias que acompañaban a las mujeres hasta las instituciones públicas de la zona (Santiago Atitlán y la cabecera de Sololá), buscando espacios donde poder recibir la atención básica en materia médica, psicológica. El proyecto “Combatiendola violencia de género desde lo local. Red de mujeres de San Lucas Tolimán”, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao en 2014, permitió mejorar la capacitación y desempeño de las promotoras legales comunitarias voluntarias, fortaleciendo enormemente el servicio.

Actualmente, existen 8 Centros de Atención Integral a Mujeres sobrevivientes de violencia en la Red Nacional de CAIMUs guatemalteca, frente a los 340 (1 por municipio) que se contemplaron originalmente por la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres –CONAPREVI. Este modelo integral contempla la atención directa a mujeres víctimas y la intervención social para transformar las estructuras que legitiman y reproducen la violencia machista. El servicio descrito se ha visto fortalecido con la construcción de un CAIMU en San Lucas Tolimán que permitirá a las mujeres víctimas de violencia de género del área y de otros municipios y departamentos aledaños acceder al derecho a una atención integral pronta, con calidez y calidad, poniendo a su disposición servicios de atención social, médica, psicológica y jurídica y promoviendo la cultura de denuncia de la VG, desde el respeto a la libre decisión de la mujer. La denuncia de la violencia contra las mujeres y el avance de los procesos hasta la emisión de sentencias es en sí mismo un elemento disuasor y sensibilizador, con lo que se contribuirá a disminuir la violencia contra las mujeres.

Es importante destacar el valor que supone el hecho de que el personal de atención integral del servicio sea originario de la zona e indígena kaqchikel. Esto permite una atención con pertinencia cultural y en el idioma materno de la mayoría de las mujeres que demandan el servicio. En la zona, las mujeres indígenas profesionales de la psicología, abogacía y trabajo social son escasísimas, ya que su acceso a la educación superior está lleno de obstáculos culturales, económicos, étnicos y geográficos y la realidad socioeconómica de la zona impone la migración a la ciudad como salida directa para la superación profesional de las poquísimas mujeres y hombres que alcanzan grados superiores de educación.

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